EDUCACIÓN PARTICULAR

Un gran aporte al Estado: Octavio Cogley

OCTAVIO COGLEY

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25/02/2014 - Entendiendo la educación como un aprendizaje que va más allá de formas preconcebidas, que impactan el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada persona, nos formulamos ideas que no podemos obviar y que, de seguro, redundarán en beneficio del país, trascendiendo tiempo y gobiernos.

Panamá requiere urgentemente de mecanismos que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro recurso humano, el más valioso con que contamos, para que podamos hacer frente a los retos competitivos y cuantitativos que impone el mundo moderno. Igual que lo han experimentado muchos países, las soluciones están en la educación. Una educación que no debe olvidar la parte humanística, tampoco debe escatimar esfuerzos en lo que a tecnologías e idiomas se refiere, entre otras áreas que necesitamos potenciar.

Como país de vanguardia en el crecimiento económico, de acceso a la alta tecnología en Latinoamérica, de las comunicaciones aéreas y marítimas por ser un hub natural que enlaza el mundo, Panamá está llamada a hacer un esfuerzo de una gran nación, que brinde soluciones a los usuarios mundiales por la vía de la capacitación de sus nacionales para optimizar el aprovechamiento de ese potencial. Tener el Canal en el centro de nuestra geografía y dos océanos que nos bordean, nos obliga a ser eficientes en áreas como las industrias logística y marítima, sin descuidar la vocación de ser los mejores anfitriones para inversionistas y visitantes.

Es por estas y muchas otras razones que la educación particular debe ser vista por nuestros gobernantes, sin detrimento de la pública, como un aliado del Estado, que produce grandes beneficios. Panamá cuenta con más de 750 escuelas particulares que funcionan en todo el país, inclusive en las comarcas indígenas, que hacen un gran aporte y que traducen su inversión en una contribución para el Estado y para miles de familias panameñas.

Esta educación particular, que está reconocida en el artículo 94 de la Constitución Nacional, atiende a más de 120 mil estudiantes, ahorrando al Estado un promedio de 131 millones de dólares anuales. Se imagina usted esas inversiones: ¿cuánto le costaría al Estado construir ese número de escuelas? ¿Cuánto costaría al contribuyente la contratación de varios miles de educadores? y ¿cuánto se ahorra el Estado, al no tener que contratar al personal administrativo que permite que estos centros de enseñanza operen? Una simple operación de contabilidad revela que representa millones de dólares de ahorro, recursos que se pueden destinar para resolver problemas vitales para las clases más necesitadas.

Lo que el Estado no puede hacer solo, de seguro lo podrá hacer de la mano de la empresa privada que, a través de la educación particular, puede planificar a corto plazo, para dar al país el capital humano que necesita. Es notoria la escasez de profesionales y personal técnico que experimentan algunas áreas de la economía nacional y que, de seguro, el sistema de educación pública es incapaz de satisfacer.

El gobierno o el presidente que resulte electo el 4 de mayo próximo podrá considerar diversas opciones, pero de seguro la más rápida y eficiente estará en crear incentivos que permitan a las escuelas particulares articular con urgencia y coordinación con las entidades involucradas, la producción de los capitales humanos calificados que reclama nuestro creciente desarrollo.

Así como se dan incentivos especiales a otras áreas de la economía, por ejemplo a la industria del turismo, que recibe exoneraciones y múltiples incentivos, se podrían crear incentivos para la educación particular, a fin de que ella pueda hacer frente a los altos costos que representan los nuevos aumentos generados por la inflación y las continuas inversiones que estos centros de enseñanza tienen que hacer en tecnología, laboratorios, equipos y capacitación, para mejorar la calidad de la enseñanza.

Me atrevo a proponer un incentivo que no solo impactará a las escuelas particulares, sino que beneficiará al país en general y, sobre todo, a miles de sacrificados padres de familia que hacen un gran esfuerzo para que sus hijos reciban la mejor educación. Este incentivo consistiría en que el Estado, a través de una ley, declare deducible de los impuestos, un porcentaje de la inversión que hacen los padres en la educación de sus hijos.

Esto motivaría a que más capital privado sea destinado a la educación nacional, librando al Estado de un porcentaje de las inversiones que de otra suerte tendría que realizar. Al mismo tiempo brindaría un estímulo a los padres de familia que sentirán un efecto inmediato en sus economías, porque les quedaría más dinero para atender otras necesidades hogareñas. A la vez, esto permitiría al Estado elevar sustancialmente la calidad de la educación pública, equipando a las escuelas con las tecnologías y los equipos necesarios para alcanzar óptimos resultados del proceso enseñanza-aprendizaje.